La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de la subzona Azuay activó una alerta sobre la presunta implicación de dos privados de libertad en el asesinato de un servidor policial ocurrido en Babahoyo, provincia de Los Ríos.
Esta información, recibida el 25 de julio de 2025, derivó en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay No. 1, conocido como CRS Turi, en Cuenca.
Durante el registro que se cumplió en la celda 6 del pabellón de máxima seguridad, las autoridades incautaron dos teléfonos móviles y aprehendieron a Kevin Stalyn S. y Mario David N., privados de libertad que estarían involucrados en el crimen.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades, mientras que las evidencias ingresaron mediante cadena de custodia a la Policía Judicial (PJ) del Azuay.
El crimen
El 25 de julio, Jaime Iván Cruz Cevallos, cabo primero de la Policía Nacional, murió tras un ataque armado en Babahoyo. El hecho ocurrió en un taller mecánico, cerca de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno.
Ese día, Cruz estaba de civil reparando su vehículo cuando un antisocial llegó al lugar y disparó a quemarropa, provocando su muerte de manera instantánea. En la escena, Criminalística levantó 10 indicios balísticos.
Otro operativo en el CRS Turi
En una segunda intervención, realizada el 28 de julio, las unidades élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a los pabellones del centro penitenciario, donde decomisaron varios teléfonos celulares y detuvieron a ocho Personas Privadas de Libertad (PPL) por el delito de ingreso de artículos prohibidos.
Todos los indicios fueron fijados y levantados por Criminalística bajo la delegación de un agente fiscal. Los reclusos quedaron a órdenes de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
La Policía Nacional destacó que estos operativos reflejan el compromiso firme de fortalecer el control y la seguridad en los centros de rehabilitación social del país, además de garantizar que se investigue y sancione a quienes atenten contra la vida de los servidores policiales y la ciudadanía. (I)
