Cuatro años de prisión, una multa de 14 salarios básicos, la reconstrucción del inmueble patrimonial destruido y disculpas públicas son las sanciones impuestas al propietario de una casa patrimonial demolida en agosto de 2019. El inmueble estaba ubicado en la calle Hermano Miguel 7-52, entre Mariscal Sucre y Presidente Córdova, en el Centro Histórico de Cuenca.
El Tribunal de Garantías Penales del Azuay notificó la sentencia la semana pasada. El ciudadano, identificado con las iniciales V.Q.C., fue hallado culpable de destrucción de bien patrimonial cultural y ruptura de sellos de clausura, delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La vivienda patrimonial, construida antes de 1872, era de adobe, madera y ladrillo. Su diseño original consta en planos y fotografías de la Dirección de Áreas Históricas del Municipio de Cuenca. Fue habitada por Carmen Mata Lamota y su esposo Víctor Vintimilla, quienes se casaron en 1872.
Sanciones:
- Destrucción de bien patrimonial: 3 años de prisión.
- Ruptura de sellos de clausura: 1 año de prisión.
- Cumplimiento: La pena se cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur Turi.
Multas:
- Destrucción de bien patrimonial: 10 salarios básicos.
- Ruptura de sellos: 4 salarios básicos.
- Total: 14 salarios básicos.
Reparación integral:
- Se ordena reconstruir la casa según los planos y directrices de la Dirección de Áreas Históricas.
- El sentenciado debe tramitar los permisos para la reconstrucción.
Disculpas públicas:
- Deberá ofrecer disculpas en un periódico de circulación nacional por el daño al patrimonio cultural.
Costas y ejecución:
- Se condena al pago de costas procesales.
- Se envíarán copias a las autoridades para la ejecución de la sentencia.
«Hay que cuidar el patrimonio»
Xavier Aguirre, director de Áreas Históricas de Cuenca, instó a respetar los bienes patrimoniales. Señaló que ante agresiones, las autoridades pueden actuar con base en normativas municipales y el COIP. «La justicia ampara nuestro accionar», afirmó. (I)
DATO
El sentenciado enfrentó una sentencia administrativa y otra penal. La primera concluyó con el pago de 50 salarios básicos (USD 19.700) y la orden de reconstrucción. La sentencia penal, emitida hace dos semanas, determinó las nuevas sanciones.
